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Multinacional de corrupción policial un proyecto político de la injerencia contra los Estados soberanos

Campillay  E.

El historial de injerencia extranjera en los países latinoamericanos es de larga data. Desde la Operación Cóndor, digitada por el Departamento de Estado Norteamericano, que coordinó a los órganos de inteligencia y fuerzas de represión con objetivo de contrainsurgencia en todo el continente, los cuales cuentan con una larga lista de evidencias de operaciones para perseguir, eliminar opositores principalmente de izquierda. Esto definido como una de la más grande operación de exterminio en países latino americanos, y en ello un cuerpo militarizado clave para su ejecución ha sido las policías de estos países que estaban bajo dictaduras militares en la década de los 70 y 80.

 En el último tiempo, la caída en desprestigio del cuerpo de policía de Carabineros de Chile, uno de los más prestigiados del continente, frente al robo por parte de un grupo de oficiales del alto mando, quienes se hicieron de miles de millones de pesos de las arcas institucionales, les significó la expulsión de la institución y el inicio de procesos de investigación de gran parte del generalato y altos oficiales involucrados en estos escándalos. Todo se evidenció con la complicidad del alto mando en casos comprobados por los tribunales de ese país, pero esto no son hechos aislado, si tomamos en cuenta, que la constante ha sido, sobre todo en aquellos policías que están ocupando cargos en misiones diplomáticas, repartidos en todo el mundo, con garantías económicas inmejorables y vínculos con el narcotráfico internacional, y el manejo privilegiado de información de seguridad y control de fronteras, en operaciones denominadas como “reservadas”, una de ellas, el montaje de inteligencia de Carabineros sobre el supuesto tráfico de armas entre órganos de resistencia del pueblo Mapuche, en la zona del wallmapu, territorio ancestral ocupado por Chile y Argentina, la cual terminó en nada, pero que finalmente justificó presupuestos millonarios en dólares para la institución de Carabineros de Chile en la compra de material de guerra, y envío de contingente a especializarse a Colombia en técnicas de contrainsurgencia, como el llamado "Comando Jungla", el cual fue presentado en Chile por el propio presidente Sebastián Piñera.

Para la ciudadanía, que pide mayor protección y seguridad en las calles y barrios es difícil a veces imaginarse que aquellos que pasan ante la imagen pública como “buenos” y que deben velar por su seguridad, un grupo importante de ellos, están comprobadamente coludidos con la delincuencia y narcotráfico principalmente y más aún han estado involucrados en el entrenamiento de agentes conspirativos y de represión, como sucedió en el golpe de estado en Hondura, contra el presidente constitucional Manuel Zelaya, en la cual actuaron agentes comandos del cuerpo de Carabineros de Chile. Hoy el general (R) de Carabineros Bruno Villalobos, se encuentra procesado por delitos de violación a DDHH, y por estar tras los montajes contra dirigentes sociales del pueblo Mapuche.

Este escándalo no es el único que golpea las instituciones de mayor confianza en Chile en los últimos meses, y algunos observadores creen que no serán los últimos. El ejército —considerado menos corrupto que la policía, según una encuesta pública— se vio sacudido el año pasado por otro caso de fraude interno apodado el “Milicogate”, en el que los oficiales presuntamente malversaron más de US$8 millones en fondos de la institución.

Si bien aunque no goza de tanta estima como la policía de Chile, la confianza en los agentes de policía de Ecuador se sitúa casi en el doble del promedio regional, y se ha descrito a la fuerza como un “modelo para la región” que deben seguir los líderes latinoamericanos. La tasa de homicidios de Ecuador, que se sitúa entre las más bajas de la región, ha sido considerada un indicador de la eficiencia policial. Pese a que desde sus filas se actuó para un intento y dar un golpe de estado al Gobierno de la Revolución Ciudadana liderada por el entonces Presidente Rafael Correa.

Una reforma policial a gran escala en años recientes ha mejorado el entrenamiento y los salarios de la policía y, lo que puede ser más importante, ha afianzado las relaciones entre la policía y la comunidad. Sin embargo, no es claro exactamente cuánto de las tácticas policiales ha contribuido a reducir los crímenes violentos en el país.

Aun así sigue habiendo problemas serios dentro de la institución; entre 2013 y 2016 se expulsó a 866 agentes de policía, según un reciente informe del Departamento de Estado Norteamericano sobre las prácticas de derechos humanos para 2016. En el pasado, agentes de policía activos y en retiro han resultado detenidos o sentenciados por esquemas de corrupción y crimen organizado.

En México, el crimen organizado ha permeado profundamente las instituciones de policía. Las fuerzas municipales son probablemente las más carcomidas, y en el pasado han actuado como escuadrones de la muerte particulares para alcaldes con nexos con drogas. Este fue presuntamente el caso en la tan recordada desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero.

El Informe de Derechos Humanos de Estados Unidos afirma que la policía estatal y local “estuvo implicada en secuestro, extorsión y en la protección del crimen organizado y narcotraficantes, actuando directamente o en su nombre”.

Más aún, se dejó en el servicio a agentes de policía que no pasaron los procedimientos de control, añade el informe.

Esta corrosión ha tenido repercusiones en la lucha que libra México contra las drogas, cada vez más militarizada por los gobiernos neoliberales hasta Peña Nieto. Pese a ser responsables de un sinfín de abusos contra los derechos humanos, el ejército sigue siendo la institución que mayor confianza inspira en la lucha contra el crimen organizado, y es probable que esto siga siendo así, mientras la policía no sea una fuerza más confiable y eficiente.

En El Salvador son rutinarias las acusaciones de infiltración de pandillas en la policía, ejecuciones extrajudiciales y conformación de escuadrones de la muerte.

Brasil también tiene un gran problema con el uso excesivo de la violencia por las tácticas de mano dura de su policía militar, que se han intensificado con la llegada al poder del presidente de derecha Bolsonaro . Pero muchos de esos casos se llevan en tribunales especiales de la policía militar, lo que ha dado pie al vencimiento de términos de un gran número de casos en el marco del estatuto de limitaciones, indicó el informe del propio Departamento de Estado Norteamericano, quien monitorea atentamente estos hechos..

Sin embargo, la confianza del público en la policía brasileña y salvadoreña es relativamente alta en comparación con el resto de la región. Esto puede deberse en parte a las grandes amenazas de seguridad pública que enfrenta la población general, lo que los lleva a depender más de las instituciones del estado. Los peligros de una fuerza policial debilitada tuvieron su ilustración recién el pasado febrero, cuando una huelga policial en el estado brasileño de Espirito Santo vio multiplicarse por seis las tasas de homicidio, con más de 130 homicidios en una semana.

En Bolivia, si bien los norteamericanos y sus asesorías a la policía, estos fueron “expulsados” de territorio de este país, justamente por estos extraños vínculos y monitoreos desde la embajada norteamericana y la policía de este país. Se constata en el último tiempo, que en las filas de la policía del Departamento de Santa Cruz, ha obligado al Estado a tomar medidas drásticas para intervenir a un grupo de agentes que operaba con nexos con personas ligadas al narcotráfico.

- Hay que agregar que la OEA y la ONU. Actúan como los encargados logísticos de realizar cursos, talleres de formación y capacitación con las instancias o instituciones vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos fundamentalmente (policías, abogados, banqueros, etc.). en la supuesta "lucha contra el narco", en los diferentes países Latinoamericanos. Pues en estas actividades se dan encuentros con AMERIPOL, UNIPOL, INTERPOL, etc. (que vienen de varios países de Americalatina), que en el fondo son intercambios de experiencias técnicos que pueden ser entendidas como contactos base para establecer algún nicho de negocio, en el fondo son una fachada legal para ello que lo maneja la DEA y la CIA a través de la OEA y LA ONU. -

Se hace evidente   que para los órganos de Inteligencia de los Estados Unidos, y de Israel – uno de principales sumistradores de insumos para las policías en el mundo - La versión del Cóndor 2.0 es una misión para estos órganos de inteligencia al dotar de una atenta mirada a la “corrupción en los cuerpos policiales de Latino América” lo cual se ha transformado para sus intereses desde un nicho de negocio y forma de mantener control de territorio urbano y de fronteras, y una forma práctica de logística para poner en práctica sus constantes operaciones de injerencia en lo que ellos definen como “patio trasero” y sus intereses geopolíticos, para concretar la ejecución de un proyecto político de injerencia contra Estados soberanos.  

FUENTE DECUMENTAL DE LINKS A DATOS : INSIGHT CRIME

 

Last modified onViernes, 26 Abril 2019 16:10

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