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Maduro y los hijos pródigos de Salvador Allende en Chile

El mostrador.cl. Diego Ancalao Gavilán

Los hijos pródigos de Salvador Allende son aquellos líderes políticos, muchos de ellos autodefinidos de izquierda, que han permitido, por una actitud activa o pasiva, que la situación de desigualdad persista en Chile. Todo esto parece fundarse en un cierto pacto social no declarado de las élites, representado por la Constitución Política de 1980. A ese pacto, no concurrió la ciudadanía, a la que se le ha asignado la posición de “daño colateral”, por los mismos que pontifican principios democráticos de lo que debe o no ocurrir en otro país.

Nunca se ha visto a los líderes de la ex Concertación, representantes del Frente Amplio y la derecha, unidos para derrotar la pobreza o nacionalizar el cobre y el agua. Sin embargo, hoy aparecen unidos en la causa por dar lecciones democráticas a Venezuela, sin siquiera evaluar la calidad de la democracia en Chile. Eso de “mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, aplica perfectamente en este caso.

Es cierto que existe una crisis humanitaria, pero como el senador estadounidense Bernie Sanders ha señalado, “todavía, hay millones de personas… que siguen creyendo que la crisis de Venezuela es por culpa de Maduro, y no del brutal bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos, al no tener el acceso y control del petróleo y sus recursos naturales”.

 Podríamos estar de acuerdo con la senadora Isabel Allende cuando dice: "no hay comparación posible" entre el Presidente Allende y Maduro. Esto es natural, pues se trata de personas, contextos, países y tiempos distintos.

Sin embargo, la senadora también estima que es "una ofensa" a la memoria y el legado político de su padre. Y en este punto ya no estamos tan de acuerdo.

Habría que analizarlo en su mérito y preguntar a esa izquierda que ha gobernado, utilizando el nombre de Salvador Allende para ganar elecciones cuánto han cuidado, protegido e implementado ese legado. ¿Hay una verdadera nacionalización del cobre? No. ¿Suprimieron los sueldos exorbitantes del aparato público? No. ¿Hay una salud pública gratuita y digna para todos los chilenos? No. ¿Se ha entregado a todos, trabajo, vivienda, luz y agua? No. La verdad es que en 30 años de gobiernos no han sido capaces de cumplir ni las 40 primeras medidas básicas del programa de gobierno de Allende.

¿Qué diría el ex Presidente hoy, de los supuestos defensores de su legado? Hay que tener mucha “personalidad” para hablar de un Presidente que dio la vida por los más necesitados, y no predicar con el ejemplo.

Por el contrario, han permitido que el poder real no esté en posesión plena del sistema democrático, lo han entregado a una minoría económica cuya ambición no tiene límites. En efecto, las principales decisiones del país no se están tomando donde teóricamente radica la soberanía popular, sino en las oficinas de las grandes compañías donde el valor prioritario es el lucro y la acumulación desmedida.

Ese control del poder lo arrebataron mediante pactos lejanos del espíritu democrático. Ilegítimamente, por acuerdos de “no agresión” y colaboración. El financiamiento ilegal de la política, por grandes empresarios, es solo un ejemplo de esta capitulación de aquel legado, que hoy se defiende como recitando un mantra, vacío de contenido real.

Esto es extremadamente grave, porque quiere decir que las elecciones han servido para legitimar un régimen que ha privado a grandes sectores de la ciudadanía de sus derechos políticos fundamentales. Y es precisamente el hurto de esos derechos, el aspecto que mayor incidencia ha tenido en la perpetuación de la desigualdad.  Como indica el informe “Auditoria a la Democracia” del PNUD, la desigualdad política crea las desigualdades económicas, sociales y étnicas.

Los hijos pródigos de Salvador Allende son aquellos líderes políticos, muchos de ellos autodefinidos de izquierda, que han permitido, por una actitud activa o pasiva, que esta situación persista. Muchos de ellos, además de tener un rol criticable, representan un verdadero peligro para la sociedad, porque, en la práctica, han secuestrado la soberanía ciudadana junto a los hijos de la dictadura.

Todo esto parece fundarse en un cierto pacto social no declarado de las élites, representado por la Constitución Política de 1980. A ese pacto, no concurrió la ciudadanía, a la que se le ha asignado la posición de “daño colateral”, por los mismos que pontifican principios democráticos de lo que debe o no ocurrir en otro país.

 

Last modified onSábado, 09 Febrero 2019 16:26
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