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La trama de pagos de privados a Carabineros que el general Hermes Soto enfrentó

Por : Nicolás Sepúlveda en Actualidad y Entrevistas. CIPER CHILE…

Cuando el Puente Loncomilla se desplomó en 2004, el escándalo político también golpeó a Carabineros. Una de las causas del desastre fue el paso frecuente de camiones con sobrecarga “escoltados” por policías. El servicio era pagado por una empresa privada y la escolta la hacían efectivos de San Javier, cuyo comisario era Hermes Soto Isla. Carabineros debió abrir un sumario interno para aclarar los pagos irregulares y su jefe máximo dar explicaciones a La Moneda. La trama de esa historia, en la que el nuevo director general de la policía juega un rol estelar, es la que aquí contamos.

En la Región del Maule, cerca de San Javier, un puente se vino abajo el jueves 18 de noviembre de 2004. Hace 14 años era un hecho insólito, después ya nos hemos ido acostumbrando. Tres automóviles y una camioneta cayeron al Río Loncomilla. Ocho personas quedaron heridas, pero no hubo muertos. Sí consecuencias políticas. La caída del puente fue uno de los mayores bochornos de la Concertación en la época. El desplome tuvo entre sus causas principales el paso de camiones con sobrecarga por sobre su estructura: camiones escoltados por Carabineros gracias al pago que recibían de una empresa privada. Y lo que no se sabe es que en esta historia el recién nombrado general director de Carabineros, Hermes Soto Isla, tuvo un rol estelar.

El general Hermes Soto Isla (55 años), no solo pasará a la historia de Carabineros por ser el hijo de un suboficial que llega a su máxima jefatura. También lo hará por cómo enfrente la titánica tarea que tiene por delante: reconstruir una institución carcomida por el montaje de la “Operación Huracán” y por la profunda crisis de corrupción que develó el millonario fraude que ya contabiliza más de $26 mil millones.

 

La corrupción del alto mando de Carabineros no es nueva. Se arrastra desde hace años sin que ningún gobierno le haya puesto atajo. Y el general Soto Isla la conoce bien.

Su rol en esta historia data de hace 15 años. Dineros de privados -la empresa Alchisa- que llegaban a Carabineros para pagar seguridad para sus transportes. En rigor, los vehículos de Alchisa no requerían seguridad. Era un pago de peaje para burlar la fiscalización a sus camiones con sobrecarga que cruzaron más de 600 veces el Puente Loncomilla. Cuando el puente colapsó, la investigación concluyó que esa fue una de las causas.

El entonces mayor Soto Isla conoció desde dentro esa trama de corrupción: era comisario de la 5ª Comisaría de San Javier, cuya dotación era la que realizaba esas escoltas de “seguridad”. Y a pesar de que estuvo en la vereda de los que pidieron información y explicaciones, debió asumir que todo quedó en nada. Su rol ahora, es exactamente el contrario.

LOS ESCOLTAS PRIVADOS

El contrato entre Carabineros y Alchisa se firmó el 29 de enero de 1999 y se extendió hasta febrero de 2003. Durante esos cuatro años los carabineros de la 5a Comisaría de San Javier prestaron el servicio de “escoltas” para los camiones de la empresa.Pero la seguridad que le brindaban no se limitaba a la zona del Maule, donde estaban instaladas Alchisa y la comisaría. Las pesadas vigas que transportaban iban destinadas a ciudades tan distantes como La Serena y Puerto Montt.

Los efectivos de Carabineros que fueron destinados a ese servicio de seguridad privada, recibían un pago adicional –a modo de “viático”- de entre $40.000 y $45.000 diarios. En un inicio la empresa les pagaba esos “viáticos” directamente a los policías, a lo que sumaban un bono de movilización. Nadie supo explicar por qué un día el sistema cambió: los dineros llegaron a la Prefectura de Linares de Carabineros, donde se manejaba una plantilla de pagos para distribuir las platas. Hasta que a inicios de 2002 los carabineros dejaron de recibir viáticos y bono.

El malestar cundió entre los efectivos de la 5a Comisaría de San Javier. En enero de 2003, cuando el servicio de “escoltas” con Alchisa ya no se hacía, llegó a esa comisaría un nuevo jefe que reemplazó a Hermes Soto Isla. El mayor Víctor Vega venía de la Comisaría de Licantén luciendo una trayectoria intachable. Siempre estuvo en lista uno de calificación. Nunca había sido sancionado con arresto.

Pero lo que supo Vega en San Javier en los primeros meses de 2003, terminó con el mayor fuera de la institución. El camino hacia su retiro se inició en enero de ese año, cuando un subalterno decidió contarle que su esposa sufría cáncer y los gastos de la enfermedad se le estaban yendo en collera. El carabinero le pidió al mayor Vega que intercediera para que la Prefectura de Linares les pagara lo que les debían.

Cuando en 2004 el desplome del Puente Loncomilla provocó un escándalo que llegó incluso a la Cámara de Diputados, a Carabineros le estalló otro al irrumpir los servicios de “escolta” a cambio de dinero que hacían efectivos de la 5a Comisaría de San Javier.

 

Fue entonces que Víctor Vega relató la historia al diario El Centro de Talca. Y contó cómo fue que a partir del relato que le hizo ese cabo de la comisaría bajo su mando, comenzó a pedir antecedentes.

Los pagos adeudados que reclamaba el cabo de su dotación, el mayor Vega no demoró en confirmarlos. Porque casi de inmediato, desde la Prefectura de Linares le pidieron que mandara a alguien a la empresa Alchisa a sacar la firma del documento que sancionaba el término del “convenio”.

El mayor Vega cumplió la orden, leyó el “convenio”, hizo unos llamados y completó el cuadro: la queja de su subalterno tenía su origen en los “viáticos” impagos en virtud de un convenio oficial suscrito entre Carabineros y Alchisa, el que funcionó durante cuatro años.

Para entonces, el reclamo se había extendido: al cabo del primer testimonio se sumaron otros efectivos de la 5ª Comisaría de San Javier pidiendo el mismo pago de “viáticos” adeudados por escoltar los camiones de Alchisa. Y todos le pedían que intercediera ante la Prefectura de Linares, donde se habían estancado los dineros.

La queja subió de volumen cuando a los efectivos de esa comisaría se sumaron otros carabineros que habían servido en San Javier y que ahora estaban en otras prefecturas. Al mayor Vega nada de todo ello le parecía normal: ni que carabineros fueran escoltas de privados más allá de su zona ni que les pagaran por esa labor. Y decidió pedir alguna explicación al prefecto de Linares.

Fue allí que se enteró que ya antes que él llegara a la 5ª Comisaría de San Javier, el problema del no pago de “viáticos” había escalado a Linares. Supo de decenas de oficios que se enviaron desde San Javier, incluso a Santiago. Una de las respuestas que le dieron fue que el origen del problema era que Alchisa adeudaba pagos. Hasta que dio con un informe clave que detallaba los dineros del “convenio”.

LOS OFICIOS DE HERMES

Por ese informe oficial el mayor Vega se enteró que solo entre el 4 de febrero de 2001 y el 10 de mayo de 2002 los pagos de Alchisa a Carabineros sumaron $26 millones. Además, se especificaban otros traspasos durante 2001 por casi $3 millones y gastos incurridos que sumaban más de $28 millones. Ese informe está fechado el 23 de diciembre de 2002 y lleva la firma del entonces mayor Hermes Soto Isla, quien acaba de ser nombrado nuevo director general de Carabineros.

El entonces mayor Soto Isla conocía bien ese “convenio” institucional. Porque a inicios de 2001 ya era comisario en San Javier, por lo que estuvo dos años al mando de la unidad encargada de las escoltas. De hecho, dos de los radiopatrullas con los que contaba esa comisaría habían sido donadas por Alchisa.

En rigor, todos en San Javier conocían de las escoltas: la magnitud de los camiones transformaba cada transporte de las pesadas vigas casi en un evento.

En el informe que tuvo a la vista el mayor Víctor Vega -y que le fue proporcionado por su firmante, el mayor Hermes Soto-, se solicitaba a la Unidad de Contabilidad y Finanzas un “cuadro demostrativo histórico”, para precisar los montos que se habían pagado hasta esa fecha y determinar a cuánto ascendía lo adeudado a los efectivos de la 5ª Comisaría bajo su mando. Había urgencia, la empresa pretendía “efectuar un cierre parcial de sus cuentas”.

 

El puente que cruzaba el Río Loncomilla tenía capacidad para resistir el peso de vehículos de hasta 40 toneladas. Y para evitar que se violara el límite, lo que ponía en peligro la estructura y la vida de quienes lo cruzaban, había casetas de pesaje a ambos lados del viaducto, controlados por carabineros. Si un camión quería utilizarlo para transportar una carga superior, debía solicitar un permiso especial. Pero Alchisa no pidió ese permiso: recurrió a una vía paralela más efectiva.

Al ser escoltados sus camiones por efectivos de Carabineros, se ahorraba el trámite y tenía chipe libre para atravesar el puente cuando quisieran. Cruzarlo era una necesidad básica para Alchisa: para sacar de San Javier las enormes vigas, sus vehículos debían utilizar sí o sí el puente que se vino abajo en noviembre de 2004. Y su carga cada vez sobrepasaba las 100 toneladas.

Según cálculos de la comisión investigadora que instaló la Cámara de Diputados después del desplome del Puente Loncomilla, Alchisa pasó más de 600 veces con sus pesados camiones por sobre el puente. A ese sobrepeso continuo se sumó el mal diseño y la nula mantención de la estructura, lo que terminó por echarla abajo.

Víctor Vega señaló que el informe de diciembre de 2002 no era el primero que firmaba el mayor Hermes Soto. Pero el oficial nunca tuvo respuesta de sus superiores.

PREGUNTAS SIN RESPUESTAS

El escándalo político que provocó la caída del Puente Loncomilla fue lo que destapó el pago irregular de privados a Carabineros y la falta de fiscalización en el desastre. Víctor Vega, ya en retiro, declaró en la comisión investigadora de los diputados y también en el proceso judicial que se abrió en paralelo.

En tribunales, Vega afirmó que nadie de la jefatura de Linares ni de la nacional respondió a sus consultas cuando preguntó qué había ocurrido con el dinero de Alchisa destinado a pagar a los efectivos que escoltaban los camiones de la empresa. Es más, denunció que sus consultas fueron el gatillante de su dada de baja de la institución (septiembre de 2003).

“En una oportunidad, el ex comisario mayor Soto (de la 5a Comisaría de San Javier), molesto, me dijo que el Capitán Bufadel, de Contabilidad de la Prefectura, había concurrido hasta le empresa a solicitar unos dineros a fin de arreglar su oficina, en la Prefectura de Linares, haciéndole ver a mi mayor, que dónde se encontraba ese documento, pues me dijo que lo había hecho por escrito ante el Prefecto, pero que esto se silenció muy rápido no existiendo respuesta alguna”, señaló Víctor Vega en su declaración judicial.

Ese “ex comisario mayor Soto” es el actual general director de Carabineros. La declaración de Víctor Vega también dice que el entonces mayor Soto y el “capitán Hartmann” enviaron más de 300 oficios a la Prefectura de Carabineros de Linares para solicitar el pago del dinero adeudado a los efectivos, sin obtener respuesta.

“El mayor Soto Isla, solicitó a la Prefectura de Linares una relación de depósitos de la empresa Alchi S.A. y se le informó por el Prefecto que habían inversiones por $26 millones y fracción y luego entre otros documentos se habla de otros $26 millones de gastos realizados por Carabineros”, agregó Vega.

A pesar de los reclamos del mayor Soto Isla y del “capitán Hartmann, en esa fecha el dinero no llegó al bolsillo de los carabineros escoltas.

 

No solo los dineros pagados por Alchisa se habían esfumado. La trama incluye también la desaparición de uno de los vehículos que Alchisa le pasó a Carabineros para hacer más efectiva la escolta de seguridad. Fue lo que constató Víctor Vega cuando se hizo cargo de la Comisaría de San Javier.

En sus declaraciones en la Cámara de Diputados y en tribunales, Vega identificó a los jefes de Carabineros que ignoraron sus reclamos y sus denuncias. Todo ello antes de que el Puente Loncomilla se cayera. Entre ellos menciona al prefecto de Linares, coronel Jaime Oyarzún, al capitán Fernando Bufadely al general jefe de la Zona del Maule, Ramón Valderrama. A este último le dijo que estaba preocupado, que después de sus reclamos notaba hostilidad de la institución hacia él y que incluso a su esposa se le prohibió participar en actividades oficiales.

El comisario de San Javier jamás imaginó que con sus preguntas se iba a transformar en una piedra en el zapato de la jefatura de la policía. Para salvar las formas, el general Valderrama instruyó un sumario: concluyó sin responsables. Para sumar irregularidades, al oficial que hizo la denuncia (Víctor Vega) nunca le tomaron declaración. Vega fue dado de baja en septiembre de 2003.

Cuando el Puente Loncomilla se desplomó, salió a flote la trama de los pagos de Alchisa a Carabineros que, hasta ese momento, la institución había mantenido en sordina. Y el escándalo explotó en la prensa en abril de 2005, a través del diario El Centro de Talca y Diario Siete (ya desaparecido). Fue este último medio el que le preguntó al general Alberto Cienfuegos, quien era el jefe máximo de Carabineros en ese momento, por los pagos recibidos de Achilsa a cambio de “seguridad” para sus camiones.

“Carabineros firma convenios a través de la Dirección de Logística para una serie de actividades que están formalizadas, que son regulares y que están legitimadas por la institución y los procedimientos administrativos de control están sometidos a la reglamentación legal”, fue su respuesta.

Cienfuegos, además, descalificó al mayor (r) Víctor Vega: “Es común que cuando una persona se va de la institución o es incluida en lista de eliminación, o se va de forma obligatoria, por razones de resquemores o de resentimiento, haga este tipo de denuncias.

El viernes 29 de abril de 2005 Carabineros despachó un comunicado público donde transparentó cifras: Alchisa le pagó $58,3 millones a Carabineros para cubrir los costos operacionales de los vehículos utilizados para las escoltas y gastos de alimentación y alojamiento de los policías que viajaban desde San Javier a destinos como La Serena y Puerto Montt.

En ese mismo comunicado, Carabineros reconoció que hubo un retraso en el pago de los “viáticos”: “Tuvo su origen en que al término del convenio la empresa Alchisa no había entregado a la Prefectura de Linares $4.968.690 por este concepto. Tal cantidad fue reconocida por la empresa Preansa, sucesora de Alchisa, y pagada en cinco cuotas, con lo que se saldaron los reembolsos pendientes”.

Carabineros informó también que el sumario administrativo que investigó cada una de las denuncias de Víctor Vega, las desestimó. No se explicó por qué nunca se le tomó declaración al denunciante.

El mayor Hermes Soto siguió su exitosa carrera al interior de Carabineros. En 2010 ya estaba como prefecto en Concepción, donde debió enfrentar el terremoto y maremoto de febrero de ese año. Cuando fue ascendido a general, asumió el mando de la II Zona de Antofagasta. A fines de 2017 ascendió a general inspector, y tres meses después se convirtió en general director de Carabineros, cargo desde el cual asume el mayor desafío: sacar a Carabineros de la mayor crisis de su historia.

LA MARCA FAMILIAR

Un dato biográfico del general Soto, quien ingresó a la policía uniformada el 1 de enero de 1981, marcará a fuego su gestión: será el primer hijo de suboficial en décadas que asciende a general director. Hijo de suboficial y con fama de ser un uniformado con calle, una imagen que lo aleja de la tradicional investidura elitista de los oficiales que acceden al cargo.

La familia del general Soto Isla lleva la marca de la institución, pues tiene otros dos hermanos que han sido altos oficiales de Carabineros: Héctor, quien se fue retiro como mayor; y Raúl, quien se fue a retiro como general después de haber sido jefe de la Zona Metropolitana Oeste.

Nacido y criado en San Felipe, ciudad donde cursó sus estudios medios en el Liceo de Hombres, Hermes Soto se casó en 1989 con Norma Zerene Negrete (parvularia), con quien desarrollo y acrecentó el negocio familiar agrícola y ganadero en la misma zona donde ha hecho gran parte de su carrera.

A ese rubro se dedica la sociedad Agrícola y Comercial Zerene Limitada, constituida en 1997 por Norma Zerene, ingresando posteriormente su marido y dos de sus hijos. Esa sociedad está domiciliada en el Fundo Santa Adriana, de la que es propietaria. Tiene además una casa en Chiguayante y una parcela en Los Ángeles, avaluadas en total en $300 millones.

 

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