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Alcalde Rapa Nui y Convenio 169: “No ratificarlo sería una vergüenza”

Radio U. de Chile….

Pedro Edmunds está convencido de que no ratificar el Convenio que zanja una serie de derechos para los pueblos originarios sería un craso error, pero más por la señal que significaría que por las implicancias prácticas. El edil de Rapa Nui cree que el Estado chileno no ha sido respetuoso del tratado, o que cuando ha regido ha sido sólo por conveniencia.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece el deber del Estado chileno de “consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, estableciendo procedimientos apropiados de consulta a los pueblos interesados, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

Si bien la idea de terminar el convenio es una prerrogativa del Ejecutivo, a la cual puede optar cada diez años desde la entrada en vigencia del tratado, las especulaciones sobre la posibilidad de revisar su vigencia en 2018 serían erradas. Si bien Chile suscribió al tratado en 2008, y este se revisa cada diez años, la OIT aclara que la fecha inicial que debe considerarse es el 5 de septiembre de 1991, momento en que el convenio entró en vigencia en términos generales, entonces Chile sólo podría denunciar en 2001, 2011 y en 2021.

 

Pero el fantasma de la no renovación asoma como una constante, y eso preocupa a quienes puedan verse perjudicados. El convenio, que además regula materias relacionadas con la costumbre y el derecho de los pueblos originarios, zanja lineamientos y principios sobre la eventual transferencia de tierras indígenas.

¿Cómo evalúa estos diez años de vigencia del Convenio 169? ¿Funciona?

Yo creo que desde que la Presidenta Bachelet lo firmó, para nosotros como Rapa Nui, Chile no lo ha cumplido en el aspecto público. El Estado es el responsable, porque conlleva en algunas situaciones consultar a los pueblos indígenas cuando hay programas o proyectos de inversión de gran magnitud. Ya sea explotación minera, una estación de generación eléctrica relevante, caminos a construir, etc… El convenio obliga al Estado a cumplir con este requisito de la consulta, pero es el único articulado que se respeta del Convenio.

¿Es decir que lo que han respetado ha sido por conveniencia?

Hay muchos articulados a favor de los indígenas y ese es el único en el que el Estado se ha visto interesado para trabajar y decretar. Existe un decreto que emana del ministerio de Desarrollo Social, el decreto 66 firmado por Piñera en su primer gobierno, y con ese decreto se fija la modalidad de consultar.

Y los procesos de consulta, ¿cómo se han llevado?

Los procesos no son nada inclusivos, son asimiladores. El Estado entiende su papel de “sobre todo”. Un papel de estar encima de todo, “yo soy el Estado y el Estado es unitario”. Da la impresión de que llama a obedecer y a seguir.  En resumen, Chile no ha cumplido el Convenio, entonces menos puede venir a decir hoy día que se va a evaluar. ¡Si no lo ha cumplido! No ha incentivado a los pueblos indígenas a usufructuar de los buenos artículos que tiene el texto.

¿A qué artículos se refiere específicamente?

Hay uno que habla de la autodeterminación de los pueblos indígenas. Chile no ha dicho ninguna palabra sobre eso. Hay otro que habla del respeto por los territorios indígenas. Chile no ha dicho nada sobre eso.

¿En qué se ha sentido vulnerado el pueblo Rapa Nui respecto de lo que incluye el Convenio?

El Convenio nos favorece tremendamente en cuanto al respeto del territorio, respecto de que el territorio total es indígena, de los Rapa Nui, por lo tanto debe ser administrado por los Rapa Nui con un régimen de autonomía. Eso está explicitado en el Convenio. Hay un artículo que menciona el derecho a solicitar la autodeterminación. Si Chile estuvo de acuerdo en que eso es posible, en que eso es respetado por las leyes chilenas, entonces ¿por qué no lo ha respetado? Vamos a cumplir diez años y aún no se ha aplicado.

¿Sería un error no ratificar la vigencia del Convenio?

No sería un error, sería una vergüenza internacional.

En enero, en conversación con este medio y consultado sobre la vigencia del tratado, Antonio Walker, ministro de Agricultura de Sebastián Piñera, comentaba el poco conocimiento que tenía sobre el texto. “Poco. Vamos a tener que ponernos a estudiar. Yo vengo del campo, del mundo rural, ahora hay que ponerse a estudiar y a ver todos estos temas que son tan importantes”, señalaba en aquel entonces.

Walker parecía desconocer la trascendencia de un texto que es de vital importancia para la sana convivencia entre los pueblos indígenas del país y el Estado chileno. Los conflictos vigentes entre las etnias y los gobiernos de turno son una fiel muestra de eso. La pelota estará, en tres años más, en las manos de Piñera y compañía.

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