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Corte Suprema de Argentina rechaza beneficio para represores

Texto: United Press INternational - Argentina

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la inaplicabilidad del beneficio del 2x1 en los casos en los que se juzgan delitos de lesa humanidad.

La decisión corrige lo resuelto anteriormente por la Corte en el caso "Muiña", en el cual se contabilizó el doble el tiempo que un acusado estuvo detenido sin condena- a los acusados por delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura.

En virtud de ese oprobioso pronunciamiento de la Suprema, el Congreso nacional se había hecho cargo del debate generado y aprobó en sesión especial –con el voto de todos los diputados presentes menos uno y de todos los senadores presentes- la ley 27362, disponiendo la inaplicabilidad del cómputo del ‘2x1’ a los condenados por represión.

 

Corrigiendo entonces lo resuelto anteriormente, los jueces del máximo tribunal de justicia de Argentina recordaron que el derecho internacional impone al Estado Argentino el deber de perseguir los delitos de lesa humanidad e imponer penas adecuadas y proporcionadas a su gravedad para impedir una forma de impunidad “de facto”.

Por consiguiente, no podía sostenerse una interpretación de la ley cuyo resultado fuese que, mediante un mero cálculo aritmético, se recortase sustancialmente la pena de prisión que oportunamente fijada como adecuada luego de una valoración particularizada de la gravedad de los crímenes de lesa humanidad por los que fuera condenado Batalla, así como de su grado de culpabilidad.

En esta línea, los jueces supremos Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti resaltaron que existe una consistencia en la definición, enjuiciamiento y castigo de los delitos de lesa humanidad que se ha mantenido en diversos precedentes, no solo de esta Corte Suprema, sino de todo el Poder Judicial.

Más aún, puede decirse, como se lo ha señalado en diversos pronunciamientos institucionales de esta Corte como cabeza del Poder Judicial, que se trata de una política de Estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos.

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